Gobierno español abrirá investigación por posibles irregularidades en la venta de boletas de Bad Bunny

Por Iván Acosta
Hola, ¿qué tal?
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrirá una investigación para determinar si se han cometido irregularidades en la venta de entradas por internet para los conciertos de Bad Bunny previstos en Barcelona y Madrid en 2026.
Según informó el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, Consumo investigará a una gran empresa gestora de entradas por presuntas irregularidades en el proceso de venta online para los conciertos en España de “un conocido artista internacional”, cuyo nombre no fue especificado oficialmente.
No obstante, Consumo ha admitido que la investigación se inicia tras recibir denuncias de asociaciones de consumidores que alertan sobre el cobro de recargos ilícitos durante el proceso de compra en línea, aplicados “sin la debida transparencia, información previa suficiente o justificación adecuada”.
Hace tres días, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció a Ticketmaster ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio por el cobro que considera “irregular y abusivo” en los conciertos del cantante puertorriqueño, previstos en Madrid y Barcelona para mayo y junio de 2026.
Esta denuncia se suma a otra interpuesta en 2024, donde la organización cuestionó que se repercutieran los gastos de gestión al usuario —y no al vendedor— en el precio final. Según la OCU, estos cargos suelen permanecer ocultos hasta el momento inmediato del pago.
Por este motivo, Consumo ya había abierto un expediente informativo a varias empresas del sector. Ahora, el Ministerio incorpora esta nueva investigación al expediente ya existente, con el fin de verificar si los cargos adicionales impuestos durante la contratación de entradas a distancia cumplen con las exigencias legales, según explicó en un comunicado oficial.
En julio del año pasado, el Ministerio ya había publicado una nota informativa advirtiendo a estas empresas sobre los requisitos legales en la aplicación de recargos y otros gastos de gestión, y sobre la necesidad de evitar prácticas abusivas.
Hace unos días, Sumar —la formación política a la que pertenece el ministro Bustinduy— compartió en redes sociales un mensaje en el que alertaba: “Si hoy has intentado comprar entradas de Bad Bunny, sabrás lo que es sufrir una web colapsada. Pero peor es llegar al final y que el precio no sea el que ponía al principio.”
Y añadía: “Consumo quiere incluir los gastos de gestión en el precio final y evitar sorpresas (ni para Bad Bunny, ni para el cine de tu barrio).”
La medida busca incluir estas garantías en la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela, con el fin de proteger los derechos de los consumidores en entornos digitales y, en concreto, en la venta de entradas por internet.
HASTA LA PRÓXIMA, AMIGOS