César «el Abusador» demanda por $7 millones al gobierno de EE.UU. y a prisión de Puerto Rico

Por Iván Acosta

Hola, qué tal:

El presunto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, mejor conocido como “el Abusador”, entabló una demanda por $7 millones de dólares contra el gobierno de Estados Unidos y el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo (prisión federal).

Peralta fue arrestado en Colombia en 2019 y permanece bajo custodia del Negociado de Prisiones de Estados Unidos (BoP) tras su extradición en diciembre de 2021, como parte de una pesquisa iniciada en 2018 por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Posteriormente, un gran jurado en el estado de Florida lo incluyó como uno de los acusados en un pliego de 2019, pero esos cargos fueron transferidos para ser procesados en el Tribunal Federal en San Juan. Las acusaciones sostienen que, presuntamente, dirigía una enorme organización transnacional de narcotráfico en la región del Caribe desde 1997.

“(Peralta) fue registrado como un CPOT (Objetivo Organizacional Prioritario) en 2017, un narcotraficante de alto calibre, por así decirlo. Es análogo a lo que era ‘el Chapo‘ (Joaquín Archivaldo Guzmán Loera). Es el único CPOT, así clasificado, en Puerto Rico y el Caribe”, manifestó Héctor Ramírez Carbó, subjefe de la Fiscalía federal de San Juan, en declaraciones previas.

“Esto significa que Peralta dirigía una de las organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero más prolíficas, y que tenía un alto impacto en el suministro de drogas ilícitas en Estados Unidos”, añadió el agente.

En noviembre de 2022, Peralta se declaró culpable del segundo cargo del primer caso (conspiración para importar cocaína) y de los cargos uno y dos del segundo caso, también por tráfico de cocaína, con conocimiento de que las drogas serían importadas a Estados Unidos.

Desde entonces, la vista de sentencia en ambos casos se ha pospuesto en múltiples ocasiones, la más reciente por razones que no se conocen públicamente, debido a que las mociones permanecen selladas. Sin embargo, por los títulos de las mociones se desprende que la defensa sostiene que existe algún tipo de controversia relacionada con el descubrimiento de pruebas.

Mientras tanto, desde que fue arrestado, César «el Abusador» ha solicitado que se le provea tratamiento para varias condiciones médicas.

Fiscalía Federal de Puerto Rico ofrece acuerdo a César “El Abusador” para que se declare culpable

Cuando se declaró culpable en 2022, Peralta informó al juez federal Pedro Delgado que la administración de la prisión no le proporcionó atención médica adecuada, acusación que repitió a principios de diciembre de 2024.

Entonces, Peralta escaló su reclamo al presentar una demanda civil por $7 millones, en la que denunció violaciones a la Constitución de Estados Unidos por parte del exalcaide del MDC en Puerto Rico y de varios oficiales que laboran en la prisión.

Aunque la demanda sigue sellada, una orden y opinión de la jueza Camille Vélez Rivé, emitida en marzo, reveló que César “el Abusador” reclamó indiferencia deliberada a sus necesidades médicas y solicitó “tratamiento médico inmediato y adecuado”.

Los abogados de Peralta también solicitaron interdictos temporales y preliminares para que se conceda a su cliente el remedio solicitado de inmediato.

Según los documentos judiciales disponibles, Peralta argumentó que no necesitaba completar el proceso administrativo porque desconocía los procedimientos; además, alegó que los demandados ignoraron sus denuncias médicas y obstruyeron sus quejas, y que los oficiales del MDC “fallaron en tomar acción” tras enterarse de sus reclamos verbales y escritos.

Sin embargo, Vélez Rivé, tras evaluar el recurso y las réplicas de los demandados, denegó la medida de urgencia y permitió que el pleito siguiera su curso regular.

La jueza de distrito señaló que la demanda fue presentada “sin algún tipo de evidencia en apoyo, sino con argumentos vagos del abogado”, mientras que los demandados presentaron una detallada declaración jurada de una empleada del área legal del MDC, explicando el proceso y señalando que Peralta “no radicó ninguna petición para remedio administrativo”.

Con relación a la denuncia de obstrucción deliberada al tratamiento médico, Vélez Rivé indicó que Peralta no presentó hechos o detalles específicos sobre sus quejas dentro de la prisión.

Además, Peralta afirmó que los funcionarios del MDC Guaynabo se negaron a procesar sus solicitudes de tratamiento, pero no especificó qué funcionarios lo hicieron ni cuáles quejas fueron ignoradas. Por tanto, el Tribunal no puede discernir cuáles demandados supuestamente obstruyeron algún tratamiento médico en particular, ni cuál fue el rol de cada uno en dicha supuesta obstrucción.

La jueza también indicó que el reclamo de Peralta no incluyó evidencia ni precedentes que lo eximan de cumplir con los trámites administrativos regulares dentro de la prisión antes de presentar una demanda civil.

“El tribunal simpatiza con las condiciones médicas del demandante y las frustraciones que pueda tener relacionadas con el tratamiento médico que está recibiendo mientras se encuentra detenido. Sin embargo, esto no se puede extrapolar para argumentar, como lo ha hecho, que se le ha negado el tratamiento médico adecuado”, sostuvo la jueza.

Añadió que, “lamentablemente, el demandante se encuentra en esta situación porque es un delincuente convicto bajo la custodia del BoP. Como tal, no puede tener un médico ni tratamiento médico de su elección, y debe agotar la vía administrativa antes de presentar un caso ante este tribunal”.

“Por lo tanto, el tribunal no está en posición de determinar, como el demandante desea que lo haga, que la atención médica y el tratamiento brindados al demandante […] no han sido adecuados ni han cumplido con el estándar de atención”, concluyó.

Al día siguiente, el abogado de Peralta acudió al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para intentar revertir la negativa al interdicto preliminar. Los demandados tienen hasta el 27 de mayo para responder a la moción presentada.

HASTA LA PRÓXIMA, AMIGO